La lucha contra los guardarraíles asesinos ha dado un nuevo paso adelante: el Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez la responsabilidad de la Administración en los accidentes relacionados con los quitamiedos. La sentencia supondrá un precedente, por lo que otros casos de este tipo podrían resolverse del mismo modo, y una segunda sentencia de este tipo crearía jurisprudencia. En concreto, el Estado tendrá que indemnizar a un motorista que perdió la pierna en 1999 tras chocar con un guardarraíl. El Supremo confirmó que el choque se debió a la velocidad inadecuada del afectado, pero la amputación fue culpa de la Administración porque, de haberse tratado de otro tipo de valla, la lesión hubiera sido distinta. Actualmente, la indemnización por perder una pierna en una persona joven se sitúa en 240.000 euros, pero al demandante se le otorgó la mitad de ese dinero, al repartirse las culpas entre el recurrente y el Estado. La sentencia recalca que la Administración tenía previsto cambiar las vallas de dicha carretera por otras no cortantes en fecha posterior al accidente, por lo que «ya era consciente de que las biondas eran un riesgo especial para los motoristas».